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FENASEP PIDE DISMINUCIÓN SALARIAL PARA TODO TRABAJADOR ESTATAL Featured

Miguel Ángel García, quien preside la Federación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, gremio que ha sido acusado por otras organizaciones sindicales como reaccionario y contrario a los intereses de los trabajadores, en entrevista desarrollada en el medio televisivo Teleamazonas, el pasado 20 de mayo de 2020, comentó que la decisión del gobierno de Lenín Moreno de reducir dos horas en la jornada laboral (25%) y la consecuente disminución del salario en dicho porcentaje debe aplicarse al conjunto de trabajadores estatales; es decir, en todas las funciones e instituciones del sector público y no solo en la Función Ejecutiva; además, afirmó que no puede estar de acuerdo con una disposición gubernamental que afectará a una parte de los servidores públicos y no a todos.

Por otra parte, respecto a los anunciados despidos masivos y cierre de instituciones y empresas públicas como: INMOBILIAR, SECOB, SETEC, Ferrocariles del Ecuador EP y TAME EP, Miguel García indicó que “lamentablemente es algo que se heredó por parte del gobierno anterior” y considera que es una “oportunidad” para depurar el sector público y pidió que tras el estudio técnico respectivo se determine qué servidores públicos son necesarios y cuáles no lo son.

Conforme establecen varios medios de comunicación del Ecuador, tras la revisión del Decreto Ejecutivo No. 1053, de 19 de mayo de 2020, mediante el cual se reforma el Artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la reducción de la jornada de trabajo y la “consecuente” reducción salarial, que según el Ministro del Trabajo, Luis Arturo Poveda, será del 16.16% si se considera que los servidores públicos laboran 240 horas al mes, puede operar en todas las instituciones y funciones del Estado ecuatoriano, como lo ha solicitado el presidente de Federación Nacional de Servidores Públicos; esto debido a que en el texto de la reforma normativa se determina que son las Máximas Autoridades de las instituciones, que conforman el sector público (sin distingo), quienes deben aprobar la reducción de la jornada laboral y lo podrán hacer hasta por seis meses prorrogables por seis meses más.

La medida, según el Ministro Poveda estaría enmarcada en la Ley Orgánica del Servicio Público que contempla dos modalidades de trabajo: ordinaria y especial; por lo que, reglamentariamente se ha establecido vía reforma que en la jornada especial operará la reducción de las horas de trabajo hasta por 10 horas a la semana. Esta reforma reglamentaria, que para muchos especialistas en derecho laboral es abiertamente inconstitucional, en la realidad significa que un trabajador del sector público, por ejemplo un Servidor Público 1 (que debe contar con un título universitario de tercer nivel para ocupar dicho puesto) cuya remuneración mensual unificada (salario nominal) es de 817 dólares americanos pasaría a percibir un valor neto de 586.94 dólares, esto si consideramos que a la reducción del 16.66% (136.11 dólares) se le debe agregar el descuento del 11.5% de aporte individual a la seguridad social (93.95 dólares).

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